La Patria Milagro tendrá que esperar hasta 2036 para saber qué pasó con la plata de hoy

Colombia documenta un caso de corrupción cada 2 días. Y puede tardar una década en responder cada uno.

Una irregularidad en un contrato que se firme esta semana puede seguir sin resolverse en 2036.

No es una exageración, y tampoco es que exista un procedimiento diseñado para durar una década. Son dos límites legales distintos que se encadenan: La acción fiscal caduca si pasan 5 años desde el hecho sin que se abra el proceso de responsabilidad fiscal, y una vez abierto, la responsabilidad prescribe a los 5 años si no hay providencia en firme.

5 años para empezar. 5 más para terminar. Es el máximo que la ley permite antes de que el asunto se extinga por el solo paso del tiempo.

El país ya discutió si eso era suficiente. En 2020, el Decreto Ley 403 amplió la caducidad de 5 a 10 años. La Corte Constitucional tumbó esa norma en la Sentencia C-090 de 2022, por exceso en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente, y revivió el artículo 9 original de la Ley 610 de 2000.

Es decir: Colombia ya intentó resolver el problema dándole más tiempo al control fiscal. La pregunta que sigue abierta es si el problema era realmente falta de tiempo.

Para cuando ese expediente se cierre habrán pasado 2 elecciones presidenciales más, y el gobierno que se posesionó de Abelardo De La Espriella llevará 6 años fuera del poder.

La reacción natural es indignarse con el congresista de turno. Sin embargo, por lo menos en esta ocasión, eso sería un error. Ese plazo no es descuido: Es coherencia!!!

Reconstruir lo que pasó toma tiempo. Hay que recaudar pruebas, contrastar soportes, establecer quién decidió qué, garantizar el debido proceso a personas cuyo patrimonio está en juego. Una década es lo que cuesta averiguar la verdad cuando la única manera de averiguarla es mirar hacia atrás. Por eso el plazo no cede: Acortarlo sin cambiar nada más no produciría más justicia, produciría más expedientes muertos por prescripción.

El plazo no es el problema. El plazo es el precio de un supuesto: Que la pregunta sobre si una acción era legítima solo puede formularse después de que ocurrió.

Y conviene decirlo desde ya, esto no es un problema de este gobierno que apenas está dando sus primeros pasos, ni nació con él. Es una característica de la arquitectura con la que el Estado colombiano ha controlado históricamente las decisiones que comprometen recursos públicos. Precede a esta administración y le sobrevivirá si nadie la toca.

Ese supuesto tiene un costo, y se puede medir.

Entre enero y marzo de este 2026, según la Agencia Nacional de Contratación Pública, la contratación estatal sumó unos $55,5 billones en SECOP I y SECOP II, más cerca de $1,2 billones en la Tienda Virtual del Estado. $57 billones en un trimestre, unos USD 18.000 millones. La propia agencia reportó que ese monto equivalía al 11% del PIB calculado para el periodo.

Traducido a escala humana, el Estado colombiano compromete unos $4 billones por semana. $600.000 millones al día. $25.000 millones cada hora, incluidas las de la madrugada. USD 8 millones por hora, todo el año.

Contra eso, la otra cifra. La Radiografía de Hechos de Corrupción de Transparencia por Colombia analizó 1.243 casos ocurridos entre 2016 y 2022, documentados por la prensa y contrastados con información oficial de entidades judiciales y de control. En esos 7 años, $137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratos, obras o servicios. Se perdieron $21,28 billones. Se recuperaron $9,08 billones.

Ahora júntelas, porque el resultado es contraintuitivo. Todo lo que Colombia perdió por corrupción en 7 años cabe en menos de 5 semanas de contratación pública. Los $137,65 billones comprometidos caben en poco más de 7 meses.

Y sin embargo esos $21,28 billones no son poca cosa. Son unos USD 6.700 millones. Puesto en la unidad con la que un colombiano mide de verdad las cosas: es pagarle el salario mínimo durante un año entero a 1 millón de personas.

O si quieren pueden hacerse una idea más clara con este ejemplo: En noviembre de 2025 Colombia firmó con la sueca Saab el mayor contrato de defensa de su historia reciente: 3.135 millones de euros por 17 cazas Gripen E/F, con armamento, entrenamiento, soporte y adecuación de infraestructura, y pagos escalonados hasta 2032. Con lo perdido por corrupción en esos 7 años se habría pagado ese contrato entero y habría alcanzado para 5 aeronaves más, al mismo costo promedio por unidad. Veintidós en total, y sobra plata.

Esa es la magnitud de lo que sí conocemos. Y cabe en 5 semanas de gasto.

Eso no significa que el resto esté limpio. Significa algo bastante más incómodo.

1.243 casos en 7 años son 178 al año: un caso documentado cada 2 días, en un país que firma decenas de miles de contratos al mes. Lo que sabemos no es una muestra representativa de nada. Es lo que alcanzaron a encontrar un periodista valiente, una denuncia oportuna o una auditoría que llegó a tiempo. Es un mecanismo de detección, no de cobertura.

Y el resultado de esa detección, cuando funciona, tampoco consuela. De cada 100 pesos perdidos se recuperaron 43. De cada 100 comprometidos, menos de 7. Mientras tanto, 14,5 millones de colombianos resultaron afectados, y los niños fueron el grupo más golpeado de todos.

Nadie conoce el denominador real. Y esa es la primera cosa que conviene tener clara antes de gastar un peso en tecnología.

El nuevo gobierno anunció que usará Inteligencia Artificial, análisis de datos y tecnologías de trazabilidad y registro distribuido para vigilar los recursos públicos. Es una apuesta razonable y merece precisión, no entusiasmo ni desdén.

Ambas cosas funcionan. La analítica detecta concentraciones improbables de adjudicaciones, sobrecostos fuera de rango, vínculos entre proveedores que a simple vista no aparecen; y en etapa precontractual puede encender alertas antes de que se adjudique nada. Quien diga que la IA solo sirve para la autopsia no ha visto trabajar un buen modelo de banderas rojas. Los relacionado con Blockchain, por su parte, resuelve algo real: Si un asiento no puede alterarse sin dejar rastro, toda una familia de manipulaciones posteriores se vuelve mucho más difícil.

Pero hay que ser igual de preciso con el límite. Un registro inmutable asegura la integridad del asiento; no evalúa si el asiento debía existir. Si una entidad adjudica un contrato que no cumplía los requisitos y lo inscribe en una cadena inalterable, el resultado es una constancia perfecta e incorruptible de una decisión que no debió tomarse. La tecnología hizo exactamente lo que prometió. La plata ya salió. Y un modelo de riesgo, por sofisticado que sea, produce una probabilidad, no una condición: dice que algo merece revisión, no que esta acción concreta, en este instante, tenía derecho a ocurrir.

Entre lo que la analítica detecta y lo que el registro protege queda una franja. Irregularidades documentalmente impecables. Delegaciones que dejaron de ser válidas entre la verificación y la ejecución. Etapas que avanzaron sobre certificaciones firmadas por quien tenía interés en que avanzaran. Obras declaradas cumplidas cuyo estado real nadie contrastó con el prometido.

¿De qué tamaño es esa franja? No lo sabemos, y esa es la afirmación que sostiene este artículo.

En las fuentes públicas que revisé para escribirlo no encontré un desglose de las pérdidas por corrupción según el momento en que la irregularidad era detectable. Hay montos, casos, sectores, tipologías de actor, distribución territorial, series de tiempo. No encontré la clasificación más elemental de todas: de lo que se perdió, ¿Qué parte correspondía a hechos que ninguna verificación previa habría podido detener, y qué parte a hechos que sí? Si ese dato existe, debería hacerse visible. Si no existe, construirlo sería un buen lugar para empezar.

Sin él, invertir en tecnología anticorrupción es comprar a ciegas. Da igual quién sea el proveedor, incluido el suscrito y su empresa, porque nadie puede demostrar qué porción del problema cubre si el problema nunca ha sido dividido.

Y el dato es construible. Los 1.243 casos ya están documentados. Lo único que falta es un criterio, y el criterio no hay que comprárselo a nadie: Son las siete preguntas que propuse hace unos días en un documento abierto. Ante cualquier irregularidad ya ocurrida se puede preguntar qué condición falló en el momento de ejecutar. Si quien actuaba comprendía suficientemente lo que iba a hacer. Si todas las condiciones se verificaron en el mismo instante y no por separado, en momentos distantes. Si existía una ruta capaz de esquivar esa verificación. Si la autoridad seguía vigente y podía revocarse sin depender de que alguien se enterara a tiempo. Si la regla aplicada correspondía a una norma vigente e identificable. Si la prueba de cumplimiento podía examinarse sin depender de quien la produjo. Y si la integridad del propio mecanismo de control era verificable.

Siete preguntas. Aplicadas sobre un cuerpo suficiente de casos producen exactamente lo que falta: qué proporción de la pérdida corresponde a cada tipo de falla, y por tanto qué clase de tecnología puede abordarla y cuál no. No hay que creerle a ningún vendedor. Hay que clasificar.

Con dos advertencias que conviene hacer de una vez, porque marcan la diferencia entre una propuesta seria y una fantasía autoritaria.

La primera: detectable no significa bloqueable. Establecer que una condición podía verificarse antes es apenas el primer paso. Impedir una ejecución exige además competencia, autoridad, reglas de excepción, debido proceso y una arquitectura que determine qué ocurre cuando la condición falla. Nada de esto es un interruptor.

La segunda: el falso positivo también hace daño. Una arquitectura preventiva no puede asumir que toda alerta autoriza un bloqueo. Detener una compra de medicamentos, una obra crítica o una respuesta de emergencia produce un daño público real. El problema no consiste en bloquear más, sino en saber qué condición justifica qué consecuencia.

Las siete preguntas son fáciles de formular y difíciles de satisfacer. La sexta parece la más inocente: que la prueba de cumplimiento pueda examinarse sin depender de quien la produjo. Suena a sentido común y es quizá la más difícil de resolver de verdad. Hoy, cuando un organismo de control quiere verificar que una obra se entregó como se prometió, termina revisando documentos generados por el mismo sistema, y a veces por el mismo interesado, que declaró el cumplimiento. Auditar es leer lo que el auditado escribió sobre sí mismo. Que exista una prueba examinable por alguien que no confía en la fuente no es una aspiración administrativa: es un problema técnico, con soluciones posibles y con costos. Las otras seis esconden un problema de ese tamaño.

De ahí se siguen dos cosas, y ninguna requiere comprar nada todavía.

La primera es medir. Clasificar las pérdidas ya documentadas según el momento en que eran detectables cuesta una fracción mínima de lo que esa medición orientaría, se hace con casos que ya existen y se puede empezar mañana. Vale la pena decir además algo que suele perderse en el debate: un gobierno nacional responde por la ejecución de su propio presupuesto, pero una parte enorme de la contratación del país ocurre fuera de los ministerios. Ocurre en alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas, cada una con su propia interpretación de las mismas normas y, casi siempre, en sistemas de información que no se hablan entre sí. Ningún presidente puede vigilar eso a punta de voluntad política. O la condición se verifica de manera uniforme por debajo de todos esos sistemas, o no se verifica.

La segunda es legislativa. Los plazos son largos porque reconstruir es lento; si la verificación ocurriera antes de ejecutar, esa premisa cambiaría y con ella el plazo. Pero el orden importa y no admite atajos: primero la capacidad de verificar antes, después —y solo después— plazos más cortos. El Congreso puede empezar por ordenar la medición, seguir incorporando esas condiciones como requisitos verificables en los pliegos de cualquier sistema que comprometa recursos públicos, sin atarlos a ninguna tecnología ni a ningún proveedor, y volver sobre la caducidad y la prescripción cuando exista evidencia de que la pregunta puede formularse antes.

No voy a afirmar que verificar antes de ejecutar habría evitado tal cantidad de pesos. No lo sé. Nadie lo sabe. Cualquier cifra en esta línea sería una invención con decimales.

Lo que sí sostengo es que una década entre un hecho y su fallo no se corrige con más auditores ni con mejores tableros. Es la consecuencia lógica de una arquitectura donde la pregunta llega después. Y esa tesis sigue en pie aunque mañana el Congreso vuelva a mover los plazos.

La pregunta que vale la pena hacerse, antes de firmar cualquier contrato de tecnología, es si de verdad tiene que llegar después.

Para quien esté dispuesto a responder que no, ese trabajo empieza por las siete preguntas. Las dejé desarrolladas una por una —qué falla hoy en cada caso y por qué importa— en un documento abierto: Las siete llaves que le harán falta a la Patria Milagro, en versión computable. Lo pueden encontrar en este enlace: hermesruiz.com/es/insights/las-7-llaves-que-le-haran-falta-a-la-patria-milagro1